En vísperas del 4º informe de Enrique Peña Nieto

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Estamos a horas de la entrega del informe de gobierno, el anuncio de Peña Nieto sobre el cambio de formato genera debate sobre si es novedoso, correcto o mediático. Platicar con jóvenes en una especie de charla, porque “le interesa la opinión del futuro de México” es ahora la puesta en escena por encima de lo que comúnmente había sido un acto en el que se le rendía pleitesía al representante del Estado mexicano.

Anteriormente era obligatorio para el presidente asistir a entregar de manera personal el informe a la cámara de diputados, dar un mensaje, esperar la réplica de los representantes de los partidos y terminar con una participación final. Este formato que era mandato constitucional fue modificado a partir del gobierno de Felipe Calderón debido a las manifestaciones de rechazo que generaba el presidente del país cada 1º de septiembre, actualmente en el protocolo constitucional contempla la entrega del informe por parte del Secretario de Gobernación.

Llegamos al 4º  informe de gobierno de Peña Nieto, las cuentas políticas gubernamentales dejan en entredicho la actuación de un régimen que durante todo su mandato se ha dedicado a implementar las reformas estructurales. La situación real que guarda el país no ha sido difundida por los medios masivos de comunicación tradicionales y al servicio del régimen, han tenido que ser las redes sociales las que difundan hechos que marcaron el mandato del estadista número uno del país.

Del 2013 al 2015 el informe y su glosa fue aterciopelado, las mieles de las negociaciones que dieron lugar al Pacto por México daban sus frutos. No así en las calles de la Ciudad de México, en su primer informe tuvieron que cambiar dos veces de sede ante las protestas magisteriales y sociales por las recién aprobadas reformas en ese entonces.

Para 2014 había una actitud triunfante sobre la implementación de las reformas estructurales “México está en movimiento” con el ciclo reformador, hecho que fue inmediatamente opacado por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre lo que evidenció ante la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos el nivel de corrupción de las estructuras gubernamentales y sus fuertes nexos con los grupos delincuenciales. Este mismo año fue marcado también por el escándalo nacional sobre la casa blanca de la familia presidencial construida por grupo Higa como regalo por los contratos millonarios que se había llevado a la bolsa.

Para 2015 a la mitad del gobierno, los resultados de la gestión repuntaban al avance de las reformas estructurales, lo que no reflejaba el informe era la denuncia de más de 17 mil muertos cada año debido al incremento de la delincuencia, uno de los asesinados, en el mes de marzo, por la delincuencia fue Gustavo Salgado Delgado originario de Morelos defensor de jornaleros agrícolas y militante del Partido Comunista. La delincuencia y las concesiones del poder fueron denunciadas por Carmen Aristegui quien en marzo fue despedida de MVS noticias bajo argucias legales que no eran contundentes pero obviaban la intervención de Peña Nieto ante la incomodidad que generaba la periodista por sus reportajes afilados y críticos al régimen; el caso de la periodista no fue el único ese mismo año fueron silenciados varios más en el país y especialmente en Veracruz. Aunado a las corruptelas de la estructura institucional que dieron lugar a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera “El chapo”, uno de los capos que le inyectaron recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto, quien meses después regresaría a la cárcel producto de una serie de nuevas traiciones, alianzas y recomposiciones en los niveles de poder. Varias de las acciones de gobierno fueron ejecutadas pensando en las elecciones intermedias federales y ante la movilización de la CNTE que denunció la falta de democracia electoral, denuncia que dio como resultado la detención de 25 militantes del FPR. Con todo esto México se convierte en el segundo país con mayor índice de mortalidad por conflictos internos.

El informe presidencial para este 2016 no parece tener novedades ni anuncios espectaculares, al cuarto año de gobierno el crecimiento económico se ha tenido que reducir constantemente del 2.1 % al 2%, el incremento de número de pobres cada año es de 2 millones como lo afirma INEGI. Existen actualmente 200 conflictos sociales en México, la mayoría de ellos relacionados con las reformas estructurales. Un conflicto central es la jornada de movilización de la CNTE, que en su Huelga Magisterial llevan más de 100 días, producto de la movilización una nueva estrategia fallida aumenta el número de muertos de Peña Nieto, 12 muertos se cuentan del 19 de junio en Nochixtlán, las detenciones a opositores políticos, el amasiato con la iglesia para detener las reformas en materia de aborto, el encubrimiento a gobernadores como Graco Ramírez y Javier Duarte con sendas tramas de corrupción.

El formato del nuevo informe pone a Peña Nieto en una zona de confort alejado de los reclamos y las protestas sociales, pide que “…Se hable de las cosas buenas” en sus spots, lamentablemente la avalancha de decisiones de Estado no pueden ocultarse con campañas de mercadotecnia, nos pretenden vender la idea de que por sobre el sin fin de las cosas que han sido incorrectas el rumbo del país sigue firme hacia un futuro prometedor, nada más falso.

Ayer en San Pedro Apatlaco, Morelos se daba un acto de violencia entre los policías federales y estatales contra la población que se opone al proyecto termoeléctrico de Huexca, la razón de la oposición es que el agua que sirve para riego de las parcelas circunvecinas se verá afectada desde Ayala, Tlaltizapan y Jojutla. Pero el gobierno insiste en que por encima de la población están los megaproyectos de las reformas estructurales.

Falta más espacio para narrar detenidamente todos y cada uno de los hechos que pudieran enunciarse en un contra informe que contraste los dichos del grupo en el poder por sobre los que son observables.

La negativa al dialogo por parte de los gobernantes para resolver los conflictos sociales, el incremento de las fuerzas policiales a nivel nacional, la censura a los medios de comunicación críticos, la detención de opositores a la política del régimen y el maquillaje televisivo de lo que realmente acontece son síntomas indudables de un Estado autoritario y que tiende al fascismo, a esta conclusión llegamos.

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